LA CRISIS DEL SISTEMA POLITICO MEXICANO

El sistema que nace en 1929, es resultado de la lucha armada que culmina en 1917. Los caudillos Venustiano Carranza, Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles son quienes ganan la Revolución y no así los representantes de los sectores más pobres, Francisco Villa y Emiliano Zapata.
De todos ellos destacó Plutarco Elías Calles, quien impuso una especie de Maximato, al extender su poder más allá de su gobierno. Pero fue él quien acordó el fin de la etapa de los caudillos y el principio de la época de las instituciones, su logro principal: la transmisión pacífica e institucional del poder.

El instrumento fue la conformación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), una constelación de fuerzas regionales y partidos de carácter disímbolo que se aglutinan en torno al “partido del gobierno” (cooperativistas, agraristas, socialistas, regionalistas, militaristas, profesionistas, gremialistas, obreristas). El PNR nace con los objetivos de: establecer la democracia, mejorar el ambiente social y la reconstrucción nacional.

La consolidación del Sistema Político Mexicano

El presidente Lázaro Cárdenas del Río se afianza en el poder golpeando a Plutarco Elías Calles, quien en 1936 tuvo que comparecer ante las autoridades acusado de acopio de armas, ante lo cual abandonó el país, por la fuerza, para un exilio físico y político que habría de durar casi un decenio. Antes de que el callismo pudiera reaccionar, el Maximato había tocado a su fin. Al mismo tiempo destruyeron su principal base de apoyo, la maquinaria política de Garrido Canabal y sus ‘camisas rojas’ en Tabasco.

En 1938 el PNR se transforma en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), con una base

formada por los sectores obrero, campesino, popular y militar. La diarquía Presidente/jefe máximo, fue sustituida por la de Presidente/Partido.

“A partir de 1940, los elementos centrales del sistema político se definieron con mayor nitidez y en muchos casos se ampliaron pero muy pocos cambiaron. El centro aglutinador siguió siendo la Presidencia de la República, cuyas facultades constitucionales y metaconstitucionales no se vieron obstaculizadas ni limitadas por los otros poderes federales con las que se supone comparte el poder, ni tampoco por el surgimiento de centros informales de poder. El Congreso, el poder judicial, el gabinete, los gobernadores de los estados, el ejército, el partido oficial, las principales organizaciones de masas, el sector paraestatal e incluso las organizaciones y los grupos económicos privados, reconocieron y hasta apoyaron el papel de la Presidencia y el presidente como instancia última e inapelable en la formulación de iniciativas políticas y resolución de los conflictos de intereses en la cada vez más compleja sociedad mexicana”. 1
Como conclusión en 1946 deparece el cuarto sector del PRM, los militares, y de paso este se transforma en Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una parte consubstancial a la institucionalización del poder de los hombres que triunfaron con la Revolución fue la estabilidad y el crecimiento económico. Con dos fases o ritmos que, Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, identifican como el “milagro mexicano” que va de 1940 a 1968 y observa un crecimiento económico de 6% sostenido en promedio; y el momento que va de 1968 a 1984, que describe el agotamiento de una estrategia económica, identificada con la crisis.

El “desarrollo estabilizador” que tuvo su florecimiento hasta 1973, mantuvo como características la sustitución de importaciones, barreras proteccionistas y fuerte inversión en irrigación, ferrocarriles y energía. La salida planteada, después, no tuvo éxito y se cayó en el populismo económico.

Conflictos sucesorios y oposición al Sistema

El agotamiento del sistema político se explica, también, por los enfrentamientos internos de la clase política gobernante, expresados de manera palpable en la coyuntura de la sucesión presidencial y por el mismo crecimiento e implantación territorial de las fuerzas de oposición.
1939–1940. La revolución cardenista viró a la derecha en la persona de Manuel Avila Camacho (1940–1946). Sin embargo la sucesión no fue tersa, pues el general Juan Andrew Almazán se fue por la libre y buscó vencer al candidato cardenista.

1945–1946. A la candidatura de Miguel Alemán Valdéz (1946–1952) se opuso la de Ezequiel Padilla, operando la llamada ‘oposición desde adentro’.

En 1952 la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines (1952–1958) encontró la oposición del general

Miguel Henríquez Guzmán.

En 1970. Con el movimiento previo del conflicto estudiantil de 1968, se interpreta que Luis Echeverría Álvarez (1970–1976) no fue ajeno y uso el conflicto como una forma de posicionarse y presionar a favor de su candidatura, originalmente el no era el favorito de Gustavo Díaz Ordáz.
1976.Las pugnas sucesorias se expresan en los apoyos de la “familia revolucionaria” hacia Mario Moya Palencia, y sin embargo Luis Echeverría, apoyado por Fidel Velázquez Sánchez, se decide por José López Portillo (1976–1982). Además hay una devaluación del peso.

Durante el gobierno de José López Portillo el Sistema adopta una medida liberalizadora, la reforma electoral de 1977. Tal reforma permitió la legalización del Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM). La flamante Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) permitió la creación de los distritos uninominales (300) y plurinominales (100).

En 1982.La clase política se enfrenta cuando los políticos tradicionales apoyan a Pedro Ojeda Paullada y Javier García Paniagüa, mientras que José López Portillo “destapa” a Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988).

En lo económico 1982 expresa otra crisis, ahora se maneja como la causa principal la caída internacional de los precios del petróleo y entre las supuestas soluciones se nacionaliza la Banca.
Es en 1982 cuando diversos sectores empresariales del país se movilizan a partir de la nacionalización de banca. En particular las reuniones denominadas “México en la Libertad”, cuyos objetivos eran oponerse a tal nacionalización e incidir en la opinión pública.
Este bloque al que podemos denominar como los empresarios críticos (en donde participaron sobre todo pequeños y medianos empresarios) mantuvieron posturas de rechazo al modelo estatista y de economía mixta, pero también hacia el autoritarismo político; la tendencia empresarial de oposición que estuvo muy activa en los años 70 se reactivó y adquirió un nuevo perfil, el de abrirse hacia el entorno de las empresas.

Desde entonces, un sector del empresariado entendió que la transición politica estaba en puerta y que era necesario actuar a su favor desde su realidad institucional. Pero también, que para hacer posible la modernización económica y política era necesario relacionarse o vertebrarse con organismos cívicos y sociales; de alguna manera, como ha ocurrido en otras transiciones a nivel internacional, algunos sectores empresariales tuvieron que actuar como organos socio-políticos de sustitución. Es decir, tuvieron que asumir funciones que los partidos de oposición o movimientos sociales no realizaban en favor de ciertas demandas sociales.
Sin embargo, la acción circunscrita a las instituciones empresariales tenía sus límites, en particular la acción político-partidista, y fue cuando varios empresarios decidieron postularse a cargos de representación pública; situación emblemática en el caso de Manuel J. Clouthier. Estableciendo la diferencia entre “lo político” (en sentido amplio, propio de la sociedad organizada) y “la política” (en sentido partidista).

En lo que toca al espacio electoral el PAN se fortaleció como opción política, logrando el 17.5% de la votación presidencial.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se fue dejando el control de la economía en manos de Carlos Salinas de Gortari y de su equipo, a tal grado que, a mediados del sexenio, tomaban prácticamente todas las decisiones en ese rubro. Por eso era previsible que De la Madrid se inclinaría por CSG (1988–1994) para colocarlo como el sucesor. Esa fue la causa de la confrontación entre salinistas y los “duros” del sistema, según la “ley del péndulo” le tocaba el turno a la vieja guardia y en cambio los tecnócratas querían mantenerse en el poder.
En 1987 la crisis cobra forma con la caída de la Bolsa de Valores. Con MMH la inflación alcanzó, en 1987, el 159%.

Las pugnas en la clase política llegan al punto de la escisión, con la salida del PRI de un importante núcleo identificado con el cardenismo y el nacionalismo revolucionario. Entre las figuras representativas estaban Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, que primero formaron la Corriente Crítica y luego el Frente Democrático Nacional.
Etapa contemporánea

El grupo de Carlos Salinas de Gortari (CSG) se preparón con antelación para tomar el poder, inició su despegue al formar la Asociación Política y Profesión Revolucionaria (1971), donde estaban José Francisco Ruiz Massieu, Emilio Lozoya, Manuel Camacho, Hugo Andrés Araujo, Raúl Salinas y René Villarreal. Su padrino fue Mario Moya Palencia.

Al trabajar con Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), CSG conoció a Pedro Aspe y a la vez tenía parentesco con Leopoldo Solís Manjarrez (subdirector del Banco de México), quien fue jefe de Ernesto Zedillo. Además, una parte de sus aliados ingresaron como profesores al Colegio de México, tal fue el caso de Manuel Camacho, Luis Donaldo Colosio, Otto Granados, Jaime Serra Puche y Guillermo Ortiz quien conoció en Stanford a José María Córdoba Montoya, éste último fue invitado al Colmex por Francisco Gil Díaz.

En las elecciones presidenciales de 1988, como nunca antes, la oposición se manifestó electoralmente y la ciudadanía encontró en Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J.Clouthier opciones reales para terminar con el ciclo de dominación priista. El candidato triunfador apenas logra superar el 50% de la votación presidencial.

Carlos Salinas de Gortari, cuestionado en su legitimidad presidencial, llega con la oferta de un Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida Democrática, sin embargo su estrategia modernizadora le da prioridad a la reforma económica sobre la reforma política. En 1989 nace el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), nuevo intento liberalizador.

DESARROLLO COMPARTIDO

La Política de Desarrollo Compartido la implementa el ex presidente Luis Echeverría en los años 70.En lo económico las reformas estaban destinadas a sustituir el modelo de estabilización; el estado debía fortalecer su función de intervención para regular las desigualdades económicas y sociales derivadas del desarrollo. La realización de dichas reformas exigía la integración vertical de procesos sustitutivos de importaciones estimulando la producción de bienes de capital e intentando resolver el déficit crónico de la balanza de pagos que era una de la características inherente al modelo. Este modelo se denominó "Desarrollo Compartido" y la pretensión era que mediante un gasto público enorme y creciente se alcanzara una mayor justicia social.Entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa media anual de 6.7% en términos reales y 3.7% por habitante.



El motor del crecimiento fue, primero, el déficit fiscal elevado y después el auge petrolero. El sector agropecuario continuó perdiendo importancia en la producción nacional. La industria creció ligeramente y su participación ganó dos puntos porcentuales. El sector primario perdió a través del secundario.El desarrollo estabilizador llegó a la década de los setenta imponente. Crecimiento alto y poca inflación. Para 1970, el gasto público comenzaba a crecer aceleradamente en comparación a los ingresos.



Así, a pesar de las políticas proteccionistas y el tipo de cambio fijo, la demanda de importaciones aumentó gradualmente hasta ocupar 9.7% del PIB mientras las exportaciones lo hacían en 7.7%, la balanza externa necesitaba un ajuste.Lo ocurrido en el sexenio de Echeverría fue que el desbordado gasto público empezó a generar presiones sobre el equilibrio presupuestal que eventualmente se volvieron inmanejables. Una finanzas públicas sanas eran la condición indispensable para preservar un tipo de cambio estable lo que, a su vez, era la clave en aquella época para mantener una inflación reducida. Estas condiciones fueron las que generaron durante el Desarrollo Estabilizador una elevada inversión pública y privada que permitió alcanzar y sostener tasas de crecimiento económico arriba del 6 porciento en términos reales.



Al financiar el desorbitado gasto gubernamental de cualquier manera, Echeverría y José López Portillo incurrieron en una creciente deuda tanto externa como interna y, en este último caso, bien pronto empezó a crecer el crédito del Banco de México al gobierno, con las consecuentes presiones sobre el tipo de cambio que eventualmente estalló, engendrando una inflación que casi llegó al 100 por ciento.A mediados de la década de los setenta el deterioro del crecimiento económico y de la pérdida de efectividad en los programas de desarrollo se hizo evidente.



Ello intentó ser compensado con la prioridad otorgada el sector exportador, el apoyo estatal para la financiación de programas de irrigación en la región norte del país, la reducción tributaria, el aumento del crédito y de la asistencia técnica. La deficiencias estructurales, tanto del sector industrial como agrícola, se vincularon a la crisis financiera y al deterioro de la balanza de pagos. El déficit fiscal aumentó significativamente, la sobrevaluación del peso en los años setenta, el crecimiento constante de la inflación, la fuga sistemática de capitales y la disminución de las importaciones crearon el inicio de una prolongada crisis.

AGOTAMIENTO DEL MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR

El aumento de la producción de bienes manufacturados protegió al mercado interno. A partir de la segunda guerra mundial los gobiernos se entrometieron fuertemente en la economía: aranceles, subsidios y exenciones fiscales. La demanda externa aumento y con ello la economía nacional. Para combatir la inflación se esterilizaron los depósitos del Banco de México y un estricto control del presupuesto. La devaluación fue necesaria para evitar la fuga de capitales y fomentar la agricultura y ganadería. La intensa participación del estado necesitó una buena reforma fiscal, como el ISR. La minería y la agricultura financiaron las exportaciones. Para combatir la inflación del periodo anterior se usó una estabilidad cambiaria. La economía creció 6.2% pero la demanda por importaciones no disminuía, las exportaciones no las cubrieron y se echó mano de la deuda externa. La falla radicó en la incapacidad de promover las transformaciones económicas, sociales y políticas para modificar significativamente los modelos de producción, distribución y consumo.

La inversión del Estado debió centrarse en alto riesgo y a largo plazo. El alto déficit impuso la necesidad del financiamiento del Banco de México. No se generaba el tan esperado crecimiento a largo plazo, propiciado principalmente por el desequilibrio externo y otros fuertes problemas de estructura como el financiamiento externo, la ausencia de una eficiente reforma fiscal, la completa nulidad del sistema financiero, la baja propensión al ahorro, la mala estructura y concentración demográfica, y desde luego, la mala distribución del ingreso. Con todo lo anterior, seguía siendo indispensable la participación del estado en la economía. El principal instrumento era la banca mixta, o más bien, pública. La política dictada fue el distanciamiento del capital foráneo.

La política monetaria, fiscal y crediticia en el periodo 1950 - 1962 se enfocó a enfrentar los embates de la economía internacional. La economía mexicana experimentó un fuerte crecimiento durante la década de los años cincuenta. Hubo fluctuaciones externas que afectaron la balanza de pagos y el peso se devalúo en 1954, pero el PIB no dejó de crecer y se incrementó en 3% per capita. La inflación y el tipo de cambio permanecieron constantes. Este desempeño no había sido observado en años anteriores.

El aprovechamiento de externalidades como inversiones en infraestructura, carreteras, puentes y dotación de energía a precios accesibles permitió al rápido crecimiento de la economía en su conjunto. Hay que agregar el nivel alto de la demanda agregada, finanzas públicas equilibradas, tipo de cambio e inflación estables. Por estos días, el gobierno jugaba un doble papel. Por un lado, centraba sus esfuerzos en invertir en infraestructura y por el otro, compensaba las fluctuaciones externas que afectaron la economía. El gobierno fue prudente, y no se endeudaba más allá de sus posibilidades.

El auge económico estuvo bien repartido entre sectores. La agricultura, industria manufacturera, eléctrica y petrolera crecieron por arriba del PIB. Los factores fueron el gasto gubernamental alto, la guerra de los Estados Unidos y la baja en insumos intermedios. La inversión privada tuvo un comportamiento dinámico, lo que elevó la productividad y finalmente, la economía en su conjunto.

Debido a incrementos fuertes en las importaciones, después de la Segunda Guerra, se desestabilizó la balanza de pagos y el gobierno tuvo que aplicar un sistema de protección industrial enfocado a bienes de consumo. Este sistema estaba basado en cuotas de importación, así el consumidor final estaba asegurado. Además, Hacienda creó facilidades, estímulos fiscales y exenciones con la finalidad de reinvertir utilidades. La disponibilidad de divisas para realizar importaciones de capital e insumos y un sistema financiero con presencia fueron herramientas para el desarrollo. Durante 1a década de 1950, 38% de la inversión privada eran productos importados.

El sector agropecuario generaba la mayor parte de las divisas suplantando a la minería. Las exportaciones de servicios como el turismo y las transacciones fronterizas sirvieron para financiar el déficit en balanza de pagos. A partir de 1958 las exportaciones agrícolas habían descendido y se recurrió a otras formas de financiamiento, no fue suficiente y las importaciones fueron restringidas.

Un férreo proceso de sustitución de importaciones fue impuesto como consecuencia de la política comercial proteccionista iniciada a fines de los años cuarenta, especialmente para los bienes de consumo, pero cuajada hasta 1954. Algunos bienes de uso intermedio y de capital experimentaron procesos similares mientras empresas nacionales se establecían, así estas nuevas organizaciones veían asegurado su mercado. Observaron crecimientos de hasta 90% en diez años.

Hasta la mitad de los cincuenta, el tipo de cambio sobravaluado impedía el eficaz funcionamiento de la sustitución de importaciones. La moneda se devalúo y se impusieron regímenes a la entrada de productos, por lo que las industrias se fortalecieron. El proceso mencionado amparó 9% del incremento en la demanda y para 1962 lo hacía con 22.33%.

El auge externo, hasta 1962, fue efímero. Comenzó a decaer por la colocación de los sobrantes de algodón en Estados Unidos todo el mundo, el mercado internacional se contrajo. La tasa de crecimiento de aquél país se redujo considerablemente a partir de 1956. Varios productos de exportación mexicanos sufrieron caídas, tal fue el caso del café y camarón, plomo y zinc vieron restringidas sus salidas por la imposición de cuotas en la unión americana.
Las exportaciones habían aumentado 19.9% en 1955, 9.3% en 1956, descendieron 12.5% en 1957 y estuvieron estancadas en 1957. Entre 1958 y 1962, el poder de compra de las exportaciones creció 8.2% anualmente.

Las importaciones de mercancías tuvieron un fuerte ritmo de crecimiento hasta 1957, 13.6% en promedio anual, y a partir de ahí se estancaron, de tal suerte que en 1962 el valor de las importaciones de mercancías fue ligeramente menor al observado en 1957. Esto reflejó un política premeditada de reducción de importaciones, en especial, las del sector público, para aminorar el desequilibrio externo y sostener el tipo de cambio, pero no impidió que la balanza comercial se mantuviera en déficit. Se financió por endeudamiento externo e inversión extranjera en proporciones muy semejantes.

Al acompañar la devaluación de medidas fiscales que eliminaran las expectativas inflacionarias y coadyuvaran a reducir la fuente de las presiones a los precios, al tiempo de mantener los estímulos a la inversión privada se recuperó la senda del crecimiento económico; crecimiento que sólo era posible por la concurrencia de ahorro externo que complementara el ahorro interno necesario para financiar la inversión. El gobierno fomentó la inversión extranjera directa y contratar créditos del exterior, bancarios y oficiales.

A principios de los sesenta la economía no crecía como se esperaba. Se hicieron estudios y arrojaron la necesidad de abrir la economía, si no, el futuro estaría comprometido. El principio de los problemas vino con en estancamiento del sector externo y no se esperaba que creciera en el futuro. La sustitución de importaciones ya no era sencilla porque había que seguir hacia bienes intermedios y de capital. La vía para crecer no era tan clara, pero algo sí era segura: el interior era la clave. No se podía expandir la circulación monetaria, redistribuir el ingreso, ingresar demasiada inversión extranjera por los altos costos políticos. La salida fue expandir el déficit público y la deuda externa.

La década de 1960 fue prodigiosa. Crecimiento alto del PIB, del empleo y baja inflación fueron las características. Los puntos malos fueron el abandono del campo y los conflictos sociales. El gobierno aprovechó la situación imperante y realizó profundas reformas en infraestructura e incluso indujo a la inversión privada para ello.

Los empresarios nacionales lograron establecer barreras a la entrada para inversionistas extranjeros en áreas productivas donde ya estuvieran operando los empresarios nacionales o en sectores estratégicos, esta actitud se mantuvo hasta los años setenta amparando cada vez más sectores. La doble protección de la competencia externa incluía permisos de importación y cuotas específicas, y de la competencia interna al limitar o regular fuertemente la inversión extranjera. Se consideraba necesario disminuir o eliminar las fuentes de fluctuaciones externas que desequilibraban la balanza de pagos, reducir pues la dependencia al exterior. Enfocarse al mercado interior significaba integrar todas las actividades productivas, la sustitución de importaciones debía profundizarse, principalmente en bienes intermedios y de capital. El sector externo cayó 5% del PIB en 1970.

La restricción al comercio exterior se dio en importaciones y exportaciones. La sustitución se realizó fundamentalmente en las industrias de sustancias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico; abonos y fertilizantes; productos farmacéuticos y jabón, detergentes y cosméticos. Para lograrlo fue necesario contar con un sector financiero dinámico y estimulante.
En los años sesenta surgieron indicios de que algo no estaba muy bien, había que tomar medidas correctivas y atender a ciertos grupos sociales. Los factores fundamentales se relacionaron con la competitividad del aparato productivo, el dinamismo y diversificación, en todos los sentidos, del aparato exportador y con el financiamiento de la economía.

El aparato proteccionista creado en 1947 tenía la finalidad de restringir las importaciones. Conforme entraba la década de los cincuenta, el esquema fue avanzando en productos y áreas económicas. Ello llevó con el tiempo a una política explícita de industrialización basada en la sustitución de importaciones. Para que la política tuviera éxito, el gobierno estableció subsidios y creó infraestructura. El modelo fue exitoso en diez años, en parte por la necesidad de la inversión extranjera de entrar al país. Aunque fomentó la creación de oligopolios. El proteccionismo estatal provocó calidad y precio poco competitivos, encubría ineficiencia, altas tasas de ganancia. La protección industrial no tuvo un sentido exportador que la hiciera competitiva internacionalmente y protegió la ineficiencia. El límite del abrigo había sido roto. Dada la ineficiencia, el crecimiento de la industria estaba en relación directamente proporcional al crecimiento del mercado interno, que era limitado.

México mantuvo su política proteccionista, era acertado políticamente y algunos dirigentes creían que todo marchaba bien; no entró al GATT. La especialización, el crecimiento de la economía, y la política comercial exterior necesitó la incursión de inversionistas en nuevos sectores e industrias. Los empresarios mexicanos estaban limitados, el gobierno entró con fuertes inversiones y se nacionalizaron varias industrias como la eléctrica, de azufre, fertilizantes y otras. Así se seguía con lo mismo y se integraba de manera vertical la industria dejando en lo posible la inversión extranjera.

Durante los años setenta la economía internacional gozó de auge y estabilidad de precios. Las exportaciones de manufacturas aumentaron 14.8% anual entre 1963 y 1970. Esta estabilidad impidió desajustes notables en la balanza de pagos. Las importaciones de manufacturas aumentaron rápidamente, el déficit comercial creció aunando el desplome agrario.
Aproximadamente, 90% de la permanencia que México obtuvo entre 1954 y 1970, comparado con el periodo anterior de crecimiento e inflación, 1942 - 1953, se debió a condiciones internacionales de estabilidad, mientras que el 10% restante fue resultado de la política económica. El proceso de sustitución concedió un alivio temporal que era imperativo moderar para que el proceso no resultara ineficiente; impidió competir en el campo internacional y por tanto, obtener las divisas necesarias para sostener el proceso de crecimiento. Se necesitaba un plan de exportaciones.

Esta política generó grandes demandas de ahorro y para poder avanzar se requerían enormes cantidades de inversión adicionales. Pero ello no era posible, por que se necesitaban mercados de capitales más desarrollados, expandir las exportaciones y una profunda transformación de la industria.

CRISIS DEL ESTADO BENEFACTOR

Se dice que existe un Estado de bienestar o Estado providencia cuando el Estado asegura la protección social, entendida ésta mediante derechos tales como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleo o del empleado.En Inglaterra durante la época de los Tudor se implementaron una serie de legislaciones, las llamadas "leyes de los pobres", debido a los problemas creados por las guerras de la dinastía y posterior "disolución de los monasterios" y otras instituciones católicas -durante el reinado de Enrique VIII-, organismos que durante la Edad Media estaban tradicionalmente a cargo de las obras de caridad tales como ayuda a los destituidos.

Si bien esta legislación era de tipo punitivo (imponiendo penas por mendigar, vagar, etc) durante el reinado de Isabel I con la "Ley de Pobres" de 1601, la legislación empieza a cambiar. Se introducen distinciones entre los "pobres discapacitados" (enfermos, ancianos, etc), los "pobres capaces" pero que carecen de trabajo y los "pobres recalcitrantes".

En general, se busca corregir en lugar de castigar. Se establecen Casas de Caridad, en las cuales los pobres incapaces recibían atención, y Casas de Industria, en las cuales los pobres capaces podrían trabajar, y, finalmente, se establece que los "recalcitrantes" serán enviados a prisión. La responsabilidad administrativa del sistema depende de las Parroquias, unidad administrativa local en el Reino Unido hasta el presente, a las cuales se les da la obligación de cuidar a sus pobres.La importancia de esta legislación es que introduce el concepto de la responsabilidad social (nótese, no del estado o del gobierno, si de la sociedad) por sus miembros, no sobre una base religiosa, como anteriormente o en otros países.Esta legislación, con muchas modificaciones posteriores, regirá en Inglaterra hasta la introducción del Estado de Bienestar, cuando el Estado asume esa responsabilidad social.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en la mayor parte de los países occidentales, la presión política de los movimientos obreros impulsó a los gobiernos a adaptar la legislación sobre el trabajo y el trabajo infantil, que fue progresivamente modificada. A finales de siglo apareció en Francia la educación nacional. Se crean las primeras viviendas baratas (1887), un sistema de seguros obligatorio (1910) y subsidios para las familias numerosas (1913).

En Gran Bretaña se creó un sistema de pensiones para los indigentes ancianos (1908) y una garantía de empleo para los más pobres del campesinado (1911).La mayor parte de estas medidas son, por lo general, puntuales y de alcance mínimo. Sin embargo, es en Alemania donde se desarrolla el primer sistema generalizado de protección social.Existen tres interpretaciones principales sobre la idea de Estado de bienestar:1. Estado del bienestar hace referencia a la provisión de servicios de bienestar por el Estado.2. Un Estado del bienestar es un modelo ideal donde el Estado asume la responsabilidad primaria del bienestar de sus ciudadanos. Esta responsabilidad es comprensiva, porque se consideran todos los aspectos del bienestar; un "sistema de seguridad", no es suficiente. Es universal, porque cubre a cada persona, a la que la legislación otorga derechos positivos.3. Estados del bienestar puede identificarse con sistemas generales de bienestar social. En muchos "estados del bienestar", el bienestar no se proporciona actualmente por el Estado, sino por una combinación de servicios independientes, voluntarios y gubernamentales.

POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL

No esta tan lejana la postura que sostiene que el bienestar social es una corresponsabilidad ciudadana muy parecida al lema fraternal de los Tres Mosqueteros: "Uno para todos y todos para uno", el cual se manifiesta solo en ciudadanos orientados a la solidaridad en el marco de una cultura política emanada de la democracia participativa.

La política de bienestar social se sustenta dentro de un proceso educador y de desarrollo integral del individuo dónde se ponga especial énfasis en los valores fundamentales del ser humano, así como en aquellas actitudes y acciones que eleven su calidad de vida y hagan del ciudadano la persona consciente, libre y justa que la sociedad requiere.

Por lo tanto para la plena eficacia de los proyectos emprendidos se requiere la participación y esfuerzo de la población y el apoyo de las instancias de gobierno, permitiendo así a los grupos sociales buscar y alcanzar los fines que les son propios. Se debe alentar y facilitar la integración de agrupaciones que incidan en la reestructuración del tejido social que posibilite la participación efectiva de la persona, de las organizaciones y del gobierno conforme a los principios de subsidiariedad y solidaridad.
La plena realización del hombre y de la sociedad es el propósito final del bien común. Entendemos a la justicia social como una parte del bien común y creemos que la política comunitaria es un instrumento para alcanzar el bienestar de la comunidad. La lucha por la justicia es una responsabilidad compartida por el gobierno y la sociedad. Todos los miembros de nuestra sociedad tenemos el derecho y el deber de participar en las tareas del desarrollo.
El bienestar social no puede ni debe concebirse como herramienta de manipulación de las familias menos favorecidas por el vertiginoso y anárquico crecimiento poblacional. Estamos en un proceso para entender que mediante la práctica de la justicia, la legalidad, la honestidad, y la subsidiariedad son posibles los avances sociales más trascendentes.
Consideramos como una negación de la democracia y la ética cualquier propuesta que convierta los programas y acciones de gobierno en instrumentos de manipulación de las personas. Rechazamos por igual el corporativismo social y el clientelismo político. Ambos atentan contra la dignidad humana y la libertad de las personas.
En ese sentido el desarrollo debe ser armónico y llevar implícito una educación más amplia y de mejor calidad y realizar mayores esfuerzos para el desempeño cultural, deportivo, del servicio eficiente y promoción de satisfactores de primer orden como la distribución de agua potable, más empleos, viviendas y transporte público entre otras premisas, para el logro de los objetivos fundamentales.
El gobierno seguirá basándose en la sociedad participativa como la vía fundamental para estimular el espíritu de decisión, el sentido de responsabilidad y la libertad de los integrantes de las organizaciones sociales.
La autoridad asumirá con plena responsabilidad su papel de coordinador, promotor, organizador y motivador de los esfuerzos encaminados a fortalecer el bien común, acción compartida de sociedad y gobierno corresponsables en la gran tarea de elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado.

DESARROLLO ESTABILIZADOR

i la historia de México en los últimos 50 o 60 años fuera dividida en períodos, uno de ellos sin duda sería el del Desarrollo Estabilizador. Un tiempo que ha recibido varios nombres, como El Milagro Mexicano, Proteccionismo, Sustitución de Importaciones y quizá otros más que hacen referencia a los años que van de los 50 al inicio de los 70, terminando con el gobierno de Díaz Ordaz y habiendo empezado con Miguel Alemán al final de los 40... aunque muchos podrían pensar que realmente comenzó a mitad de los 50. Sea lo que sea, esos tiempos suelen ser recordados con cierta nostalgia, la que produce el recuerdo una época sin crisis económicas económicas recurrentes, con baja inflación, estabilidad política y crecimiento económico; lo contrario de épocas siguientes caracterizadas por exactamente lo opuesto. Del ‘58 al ‘72, por ejemplo, el PIB crece en promedio 6%, una cifra muy notable y el PIB per cápita, 3%, otra cifra muy positiva. Bajo la perspectiva de esas cifras, no extraña que esos tiempos sean aún vistos con añoranza por quienes los vivieron, aunque debe señalarse que existía al menos un serio problema, el de la falta de ahorro nacional. Es decir, localmente en el país no había suficiente capital como para crecer sostenidamente: las actividades de producción requieren capital, por ejemplo, préstamos para crecer y dentro del país no se generaba ese capital. Lo mismo para las personas que, por ejemplo, querían comprar casas por medio de hipotecas... la escasez de ahorro impedía que hubiera suficiente dinero para prestarles. Pero del lado positivo, durante estos años del Milagro Mexicano, las autoridades tuvieron un comportamiento conservador en el manejo de sus finanzas, es decir, sus déficits eran pequeños, e incluso hubo años con superávit. El gobierno, por tanto, no gastaba más de lo que tenía de ingresos que fue lo opuesto de lo que posteriormente se hizo. El gobierno en estos tiempos no recurría al mercado de capitales a pedir préstamos y eso, sin duda, ayudó a tener tasas de interés razonablemente bajas. La esencia del pensamiento económico de esos tiempos en México era el Proteccionismo, una escuela de pensamiento económico con ideas que significaban la protección de las industrias locales: había que industrializar al país y para ello, se creía, debía aislarse a sus compañías de la competencia de empresas extranjeras, un serio error, pero que se implantó. La forma de hacer esto es cerrar las fronteras a productos importados dejando que únicamente las empresas mexicanas los produjeran. Por ejemplo, prohibir la importación de automóviles y fabricarlos localmente. Esta política económica general nació en 1947 aunque tuvo efectos iniciales hasta la década de los 50. La consecuencia de esto se ve percibe positiva en el plazo corto, pero en su fondo conduce a la existencia de productos caros y de mala calidad, que dañan el bienestar de las personas. En La Notas Ignoradas de Mises existe una otra evaluación de la política económica de estos tiempos. Las cosas en esos años no iban mal en la superficie. Sí hubo algunas fluctuaciones, pero el desempeño general de la economía no era malo. La productividad subía 3% en promedio y los salarios reales 2%. La inflación era baja. El gobierno, debe insistirse, se comportaba conservadoramente en el manejo de sus finanzas, sin contraer deudas cuantiosas y financiándose con sus propios recursos. La aplicación de la idea proteccionista parecía estar funcionando muy bien en medio de una estabilidad económica notable. En los mercados nacionales había productos fabricados en México: las empresas en México tenían mercados cautivos nacionales pues las importaciones estaban prohibidas o tenían impuestos muy altos de importación. Esas empresas no tenían incentivos para mejorar la calidad de sus productos, ni reducir sus precios. No tenían la presión de la competencia para hacerlo. Si, por ejemplo, los consumidores querían comprar cigarros, los disponibles eran todos producidos en México... pero había oportunidad de comprar cigarros importados en el mercado negro de contrabando. Éste fue uno de los efectos secundarios de la política proteccionista, el abrir una oportunidad de negocio para los contrabandistas. La amplia frontera con los EEUU hizo posible introducir al país todo tipo de artículos que se ofrecían en mercados ilegales. En algún momento se llegó a afirmar que la marca de televisores más popular en México era Sony, un producto que estaba prohibido importar para dar preferencia a los fabricantes nacionales, pero que llegaba por medio del contrabando. Como de esa consecuencia no intencional del proteccionismo que fomentó el contrabando, también se acusa al Desarrollo Estabilizador de producir otro efecto dañino: el olvido del campo. Toda la atención de las autoridades estuvo centrada en la industrialización de país con la actividad del campo relegada a un lugar muy secundario, tanto que se ha dicho que de esta época data la creación de los “dos Méxicos”, el del campo y el de la ciudad. Mientras el campo era puesto de lado, la actividad bancaria, por ejemplo, creció en esos años tres veces. Es posible decir, por tanto, que la política económica del Milagro Mexicano tuvo resultados mixtos y la imagen que tiene en la actualidad de ser una época de oro no está justificada. Tuvo logros, pero también defectos y no era algo que pudiera sostenerse indefinidamente. Sin duda ayudó a industrializar al país, elevó ingresos y mejoró el bienestar en general. Pero también tuvo efectos negativos como los mencionados. Más aún, tenía un problema de fondo que era el límite del mercado nacional, pues las empresas al no exportar no producían más de lo que los mexicanos podían comprar. El mercado mexicano, sin embargo, crecía gracias al aumento de la demanda nacional. Como se dijo, estos años son vistos ahora con cierta añoranza pues la inflación que después se sufrió no era en estos tiempos un problema. Entre 1957 y 1962, ella fue de menos del 3% anual, una cifra muy positiva sobre todo en relación con lo que después vendría. Esto es fácil de ver pues los aumentos de los precios son muy notorios; sin embargo, en economía hay cosas más difíciles de notar y muy importantes. Por ejemplo, ya que en esos tiempos las empresas no exportaban eso provocó que en el país no se tuvieran divisas extranjeras y sin ellas no podían comprarse productos que eran necesarios para que la economía siguiera creciendo. Un jabón de tocador o un detergente de ropa eran producidos en el país sin grandes complicaciones, pero no la máquina que los hace, la que tenía que importarse y no había divisas suficientes para comprarla. Estas políticas económicas eran del tipo mercantilista. Son políticas equivocadas que aún hoy en día sobreviven y son propuestas como novedosas y benéficas. Éste era un serio problema de la política económica de esos tiempos, producto de la interferencia estatal en la economía. Sin exportar y concentrados en el mercado mexicano nada más, era imposible tener dólares u otra moneda extranjera para comprar en otros países productos necesarios para seguir creciendo. Con maquinaria no renovada y sin competencia, las empresas mexicanas no tenían incentivos para mejorar sus productos ni bajar sus precios. Consecuentemente, los productos mexicanos eran en general caros y de mala calidad, con los automóviles como un ejemplo muy claro de esto en la década de los 70.

EL AUGE EN MEXICO

El lavado de dinero es el motor mediante el cual las organizaciones criminales obtienen su poder de financiamiento, que les permite sobornar policías y contar con lo último en tecnología de armas, equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y navegación satelital, entre otras innovaciones.

En México esta actividad ilícita parece estar en alza, ante la impotencia de las autoridades. De acuerdo con un informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante 2006 el blanqueo de recursos monetarios provenientes de actividades ilegales registró un incremento de 118 por ciento en relación con el año anterior. Según la consultora Mancera, Ernst and Young, en México se lavan unos 24 mil millones de dólares al año.

El UIF, entidad dependiente de la oficina del secretario de Hacienda, señala que durante 2006 se recabaron 188 "reportes preocupantes", operaciones sospechosas en las que presumiblemente están involucrados directivos, funcionarios o empleados de instituciones financieras. En 2005 se reportaron 86 de esas mismas alarmas, una cifra mucho menor respecto de la registrada en el último año de gobierno de Vicente Fox.

Este nuevo dato ratifica el fracaso del gobierno anterior para librar un "combate frontal al problema del crimen organizado". Por el contrario, el poder de las mafias parece ser mayor ahora que al comienzo del sexenio: las ejecuciones se incrementaron alarmantemente (unas mil en todo 2006) y el crecimiento del consumo de drogas en el país fue de 20 por ciento anual, según datos oficiales.

Además, en el mandato de Fox Quesada los cultivos de mariguana y amapola se extendieron a lugares diferentes a los comunes, y en su último año la práctica del lavado de dinero registró un salto significativo.

El incremento en el blanqueo de recursos ­que en su mayoría provienen del narcotráfico­ permite a las grandes organizaciones contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar sus operaciones. El lavado de dinero perjudica el sistema económico, pues debilita la integridad de los mercados financieros, genera la pérdida de control de la política económica, introduce distorsiones e inestabilidad, favorece la pérdida de rentas públicas, representa un riego para la reputación de las instituciones financieras y trae como consecuencia un enorme costo social. Por ello, es vital combatir con eficacia esa actividad.

Pero el gobierno de Fox mostró total incapacidad para hacerlo. La red de lavado de dinero descubierta recientemente en Tijuana, que involucraba casas de cambio, arrendadoras de autos, clínicas de belleza y centros turísticos, es un buen ejemplo de la penetración en la vida nacional de las mafias organizadas.

Se trata de un problema mundial: según cálculos del Fondo Monetario Internacional, el total anual de dinero lavado oscila entre 3 y 5 por ciento de la producción mundial, es decir, unos 600 mil millones de dólares. Como tal, se requiere de pautas y cooperación internacionales para hacer frente común a este crimen. Sin embargo, ningún acuerdo internacional servirá de mucho en la actualidad si no se toman otras medidas necesarias en cada país.

En ese contexto, las autoridades mexicanas deberían obligar a las instituciones financieras a conocer las actividades comerciales o profesionales de sus clientes, ingresos, fortuna o activos, así como las fuentes específicas del dinero sujeto a transacciones.

También se requiere una estrategia policiaca efectiva para cerrar los caminos de blanqueo de recursos a los criminales y, por supuesto, un programa económico que eleve el nivel de vida de los campesinos, que en muchas ocasiones se ven obligados ­por la situación precaria en que se encuentran­ a incurrir en siembras prohibidas. Se trata de una tarea urgente ante el fracaso de la administración recién concluida.